Buscan dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en esos delitos

** De entre cientos de agresiones a periodista, solo una condena

 

 

** Puebla, cuarto lugar en ataques a periodistas con 28 casos

 

Andrés Herrera Ruiz

 

En 10 años de existencia, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión /FEADLE) sólo tiene una condena entre cientos de casos de agresiones registrados, entre ellos a periodistas de Puebla (28 casos), por lo que la  Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, analiza una iniciativa de Morena que reforma el artículo 102 de la Constitución a fin de dotarla de autonomía y garantizar el acceso a la justicia de forma pronta y expedita.

El diputado federal Caballero Pedraza, integrante de la mencionada Comisión, denunció, que “la evidente falta de resultados de esta Fiscalía, aunada a la incapacidad del Estado mexicano para atender el creciente número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, ha obligado a la sociedad civil a recurrir y a conformar organizaciones de derechos humanos integradas por activistas, periodistas y académicos”.

Sostuvo que de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, México se ubica en el lugar seis en el Índice Global de Impunidad 2016 en materia de agresiones a este gremio. Esto, a pesar de que en el 2013 adoptó una ley que otorgaba mayor jurisdicción a las autoridades federales para enjuiciar delitos contra la libertad de expresión. Sin embargo, continuó, “nadie ha sido procesado en la justicia y por lo menos ocho periodistas fueron asesinados por su labor informativa en 2015”.

 

PUEBLA: 28 CASOS

 

De acuerdo al informe que dio a conocer la organización Artículo 19, Puebla se ubicó como cuarto estado en el país con 28 casos de agresiones a periodistas  durante 2016, el último año de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

A nivel nacional, dicha organización documentó 426 ataques, de los que la mitad fueron cometidos por servidores públicos, además la cifra es siete por ciento superior a la reportada en 2015 cuando se registraron 397.

El diputado de Morena denunció que la relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales, y la impunidad, la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo.

Caballero Pedraza enfatizó que “es obligación de los tres órdenes de gobierno reconocer el importante papel que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la construcción de un Estado democrático, y garantizar su seguridad y su integridad personal, así como condenar cualquier expresión pública que desacredite su labor”.

Por ello, consideró necesario reformar la Constitución Política para que la Fiscalía Especial cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, pueda determinar su organización interna y tenga personalidad jurídica.

Su objetivo será proteger a las personas que defienden los derechos humanos y a periodistas de las agresiones en su contra. Será integrada por el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión con competencia en todo el territorio nacional, por 32 delegados estatales con funciones en cada una de las entidades federativas y por un Consejo Consultivo Ciudadano integrado por 12 consejeros.

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