La falta de capacitación en el órgano interno de control

** El principal obstáculo para la funcionalidad del SNA

 

Dra. Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria*

 

Uno de los principales órganos administrativos para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione es el Órgano Interno de control, pues es ahí se realizan gran parte de la actividad de investigación y obtención de pruebas que se requieren para fincar cualquier tipo de responsabilidad, sea administrativa a través del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad y/o penal mediante el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, tal y como lo indica el artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El OIC tiene la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad de los presuntos responsables, de acuerdo al artículo 135 de la ley antes indicada, a cual indica:

“Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas.

Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputa”. Esta unidad administrativa es la encargada, con base en los datos de prueba que obtenga, de calificar las faltas administrativas en graves o no graves, además de conformar del pliego de responsabilidad.

Cabe señalar que en el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, el OIC (en su modalidad de unidad administrativa investigadora) debe defender su teoría del caso ante el abogado del corrupto, pues en la substanciación del procedimiento, ya sea ante la Unidad Administrativa Substanciadora del mismo OIC o en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendrá el mismo nivel procesal. Lo anterior pone de manifiesto que el OIC deberá formular correctamente una teoría del caso en donde demuestre la culpabilidad de los Servidores Públicos imputados por una falta administrativa, es decir, deberá narrar con exactitud los hechos, así como los datos que prueba que acrediten los mismos y la hipótesis jurídica exacta del tipo administrativo que cuadre con los dos primeros elementos; además las probanzas las deberá recabar mediante protocolos administrativos de investigación; pues en caso contrario, la defensa del presunto corrupto podría argumentar violaciones de derechos humanos.

Es de suma importancia señalar que gran parte de las pruebas obtenidas por el OIC serán base de la imputación penal, las cuales utilizará el Fiscal Anticorrupción para la formulación de su teoría del caso y la imputación hacia el presunto corrupto por algún delito cometido por hechos de corrupción. La problemática radica en que si la prueba no fue obtenida lícitamente desde la perspectiva administrativa, en materia penal no puede considerarse legal, pues viene viciada de origen, y por ende, también se podría considerar ilícita en términos del artículo 20 Constitucional, apartado A, fracción IX, así como del artículo 130 de la LGRA que indica:

“Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones” y el corrupto libraría sin problema cualquiera de los procesos legales antes indicados.

 

* Doctora en derecho por la UNAM

padilla_liz_2@hotmail.com

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