El espionaje es violatorio de la Constitución Mexicana

*Falta de voluntad para investigar más allá de lo periodístico: Vélez Iglesias

 

Alejandra Corona Flores

 

A pesar de que el Gobierno poblano ha sido señalado que adquirió una herramienta tecnológica para poder espiar, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ha hecho una investigación sobre el tema, consideró la directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), Lilia Vélez Iglesias.

Para la académica de la Universidad Jesuita, evidentemente el espiar a alguna persona es una clara violación a la Constitución Mexicana y al marco jurídico que regula el derecho a la vida privada en México y además hay un tema que tiene que ver con datos personales.

Desde su perspectiva, ha habido una intromisión en la vida privada de personajes políticos, activistas, periodistas, tanto del gobierno federal, como de los estados, incluido el de Puebla que ha sido señalado como uno de los que ha adquirido un software o herramienta tecnológica para poder espiar, “hasta ahora no se ha hecho una investigación sería por parte de la Fiscalía General del Estado que tendría que investigar el tema”

Además de las denuncias que existen de reporteros, mencionó, hay algunas muy bien documentadas, de quiénes y cómo operaban estos centros de espionaje; “me parece que no ha habido una investigación más allá de lo periodístico”

Los poblanos y la ciudadanía en general tendrían que saber, dijo, si el Gobierno del Estado compró estos equipos, cuánto costaron, para qué se compraron y si el uso que se les está dando es legal; es decir, las autoridades pueden en algún momento intervenir llamadas pero solamente en donde hay investigaciones y donde hay órdenes de jueces.

En opinión de la experta en temas de transparencia, en este asunto hay impunidad, tanto a nivel local como federal. En el ámbito nacional se ha denunciado en la Comisión Interamericana porque no se ha visto ninguna sola acción de la Procuraduría General de la República, pero tampoco de la FGE; es más, no se ha visto ningún tipo de actuación o posición del Gobierno estatal.

“Lo anterior tiene que ver con un derecho que si se violenta, no puede garantizarnos la libertad”, aseveró, la académica.

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