CALDERÓN Y LOZOYA, AL DESCUBIERTO

Manuel Sánchez Pontón

 

 

El cártel brasileño Odebrecht inició sus operaciones en México, paraíso de la corrupción, en el año 2000, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por eso resultaba un tanto raro que se descubriera que había hecho negocios fabulosos con el director de Pemex en el siguiente gobierno, Emilio Lozoya y no con funcionarios del gobierno de Calderón.

Pero pronto apareció el peine. También Felipe Calderón había echado “su gato a retozar”, ensuciándose las manos en operaciones con Odebrecht, al concederle créditos  por, al menos, 400 millones de dólares para que, con ellos, pudiera sobornar a funcionarios de Pemex y otras dependencias, en su gobierno y en el siguiente, o sea el actual.

Por lo visto, Odebrecht conoce bien lo que es la corrupción mexicana. Vino a hacer negocios con créditos que el gobierno de México le concedió. Odebrecht tuvo en México “hacha, calabaza y miel” sin necesidad de distraer su propio capital.

Estamos ahora en México frente a una situación muy complicada. Si el gobierno está dispuesto a combatir la corrupción oficial, deberá comenzar por meter a la cárcel a Calderón y a Emilio Lozoya y, además, confiscarles todo el dinero que se robaron, ya que seguramente lo tienen en paraísos fiscales del extranjero.

Por lo pronto, Lozoya Austin se declara culpable del delito de corrupción, que por cierto no existe en el código penal mexicano, por haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht, por haberle concedido un fructífero contrato de obras. Lozoya declaró en la procuraduría que “no hay pruebas” de que haya sido sobornado por la gangsteril empresa brasileña. Pero no negó su culpabilidad ni tampoco hizo saber que acusaría por el delito de difamación y calumnia a Odebrecht, porque sabe, precisamente, que ésta tiene las pruebas de que sí existió el soborno. Si existiera justicia en México y, además, la voluntad del gobierno mexicano de castigar a los corruptos, como lo declara constantemente, Calderón y Lozoya pagaría caro sus delitos. Pero esto no sucederá.

Todo funcionario o empleado del gobierno deberá dar a conocer públicamente, en internet, su declaración patrimonial. Se admitirá e investigará toda denuncia púbica sobre bienes de cualquier tipo, que no estén incluidos en la declaración patrimonial para que sean confiscados. Se abrogará el nuevo sistema de justicia ambulatoria, que es producto de la comisión nacional de derechos humanos de la delincuencia, se suspenderán por 20 años los derechos políticos de servidores públicos corruptos y se modernizará la Auditoría Superior de la Federación, que hasta ahora ha sido la gran protectora de los servidores públicos corruptos. Con esto será suficiente para acabar de verdad con la corrupción pues es sabido que “el que se roba la gallina debe esconder las plumas” y que es muchísimo más fácil lo segundo que lo primero. Ahí está el quid.

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