Sigue lucha del Observatorio

Alejandra Corona Flores

 

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano se pronunció a favor del punto de acuerdo que presentó el Diputado local y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo, Francisco Jiménez Huerta; además, exigió que tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, como el de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, comparezcan ante el Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, los integrantes del observatorio, Irene Herrera y Marco Mazatle, expusieron que el viernes pasado, el legislador local antes mencionado le exigió al Gobernador Antonio Gali Fayad, emprenda auditorías y revisiones a la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado para eliminar la corrupción y abuso de información para la detención de líderes de grupos delictivos.

“Como representantes de la sociedad exigimos que los titulares de ambas dependencias, comparezcan ante el Congreso para que expliquen el avance de inseguridad en el Estado, pese a la millonaria suma de recursos recibidos para su combate y para responder a los señalamientos de protección a los grupos de delincuencia organizada”, sostuvo, Irene.

Desde su perspectiva, la ciudadanía poblana debe obtener respuesta de los funcionarios sobre la grave denuncia pública del ex Director General de Inteligencia e Investigación de la SSP, José Luis Ruiz Simiano, señalando al Subsecretario de Inteligencia, Marco Antonio Aguilar Trejo, de estar coludido con la delincuencia organizada.

“Creemos que la ciudadanía merece otra respuesta del funcionario de Seguridad Pública que atribuye el señalamiento a envidias e intrigas”, comentó.

 

Rechazo a la Ley de Seguridad Interior

 

Asimismo, el Observatorio expresó su rechazo al punto de acuerdo promovido por el Diputado local panista, Jorge Aguilar Chedraui y Francisco Rodríguez Álvarez, que se aprobó sin discusión y de manera automática en la misma sesión celebrada en la sede del Poder Legislativo, para exhortar al Congreso de la Unión para que dicte a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.

“Como organización reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares. Sostenemos que una Ley de Seguridad Interior es inconstitucional porque el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, incluso iría en contra del artículo 21 de la Carta Magna”, señaló, Herrera.

Además, expuso, la Ley de Seguridad Interior habilitaría el espionaje de manera oficial para que el Gobierno pueda obtener información privada de cualquier manera, sería una licencia para que el gobierno utilizara la fuerza, incluso letal, para controlar la protesta pacífica.

 

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