Puebla, entre los 20 estados que rechazan la Alerta de Género

** Un arma contra la violencia feminicida que en nuestro estado ya cobró 72 víctimas

 

Andrés Herrera Ruiz

 

Puebla forma parte de los 20 estados en el país, cuyos gobiernos se han opuesto a la demanda social en declarar la alerta de género para erradicar la violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios que en la entidad ya alcanzan 72 de acuerdo a cifras de organizaciones civiles, señalan diputados federales de Movimiento Ciudadano.

El feminicidio ha alcanzado límites inimaginables e intolerables. Es más que una aberración que se asesine a 7 mujeres al día en el país, denunció la diputada María Candelaria Ochoa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y aún así esos 20 gobiernos incluyendo, al de Puebla, no solicitan a la Secretaría de Gobernación federal esta alerta de género.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En ese mismo apartado, dicta que la alerta de violencia de género comprende el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. El objetivo de estas alertas es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Actualmente hay 12 estados con alerta de género declaradas para varios de sus municipios. Sin embargo, aún en éstos, la violencia feminicida se mantiene como una de las principales problemáticas sociales y comunitarias contra las mujeres.

Las muertes cruentas de mujeres se multiplican más allá de lo concebible, y es deber del Estado y de los órganos del gobierno hacer cuanto esté a su disposición para evitar a toda costa que se sigan cometiendo feminicidios.

La CONAVIM, en su papel de órgano encargado de diseñar la política nacional para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra, y cuya labor es dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tiene la obligación no solo moral de rendir cuentas en la materia y de asegurarse de la efectividad de las acciones que emprende.

Así, la alerta de género es un mecanismo diseñado específicamente para detener los feminicidios; en teoría debería preparar a los estados que lo necesitan para combatirlo. Sin embargo, más allá de los problemas que han tenido muchos consiguiendo que se declare dicha alerta, de poco ha servido en donde sí se ha declarado.

Esto es altamente preocupante pues la alerta de género es un instrumento que nació desde la sociedad civil y que no tiene su contraparte en el mundo, por lo es necesario hacerlo funcional y eficiente, y no termine siendo un intento simulado de actuar en uno de los principales problemas que afectan a nuestra sociedad.

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