Profeco y Sedesol firman convenio de colaboración interinstitucional

Alejandra Corona Flores

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, confió en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les designe el mismo presupuesto de este año y que no haya reducciones.

“Ojalá tengamos el mismo presupuesto que tuvimos este año y que los programas sociales que realmente son de transferencia como: 65 y más y Prospera no cambien, que los beneficiados que tenemos sean los mismos y si hay mayor recurso que se incremente el padrón de beneficiados”, aseguró, tras firmar un convenio de colaboración con el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Puebla, Alejandro García Mendoza.

Recordó que actualmente el presupuesto que tienen en cuanto a transferencias de recursos asciende entre Sedesol y las sectorizadas como: Liconsa, Diconsa, Prospera, Inaes, entre otras, a aproximadamente  8 mil 500 millones de pesos.

En otro tema, reconoció que a lo largo de estos 25 años de la Sedesol, habido vicios dentro de los programas sociales; sin embargo a través del tiempo se han presentado denuncias.

Además, destacó, los programas sociales día a día se han ido perfeccionando para que no haya este tipo de abusos y coacción del voto para tal o cual instituto político; por otro lado –dijo- la sociedad se ha ido informando.

“Si nosotros los usáramos, ganaríamos todas las elecciones. Yo creo que los programas sociales deben estar muy alejados de los temas electorales”, consideró.

Es importante señalar que Vega y García suscribieron un Convenio de Colaboración Interinstitucional, el cual tiene como finalidad establecer líneas de trabajo conjunto y realizar acciones para asegurar la protección de los derechos e intereses de los consumidores como usuarios y beneficiarios de los programas sociales que pertenecen a la Sedesol en el estado.

Además de ampliar y profundizar el impacto de los programas que llevan a cabo, con el fin de propiciar una mejora en la protección de los derechos del consumidor y una cultura del consumo responsable; así como mejores condiciones de acceso a productos y servicios en los mercados, lo anterior con el propósito de mejorar la alimentación y el bienestar de la población en pobreza y vulnerabilidad, así mismo se busca evitar y sancionar cualquier violación en materia de precios en perjuicio de los consumidores, particularmente aquellas familias de menores ingresos.

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