La teoría del caso y el pliego de presunta responsabilidad en SNA

Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria*

 

El Sistema Nacional Anticorrupción se caracteriza por sus tintes de tipo garantista; de hecho el Servidor Público corrupto, durante el procedimiento administrativo sancionador, tiene determinados derechos fundamentales que la autoridad administrativa (Órgano Interno de Control y Auditoría Superior de la Federación, ambas con respecto a sus autoridades administrativas de investigación) debe observar durante la investigación, pues en caso contrario ésta violentaría los derechos humanos de los corruptos.

El elemento básico que debe abordar la Autoridad Administrativa Investigadora para la conformación del pliego de presunta responsabilidad es su pericia para conformar la teoría del caso (elementos fácticos, probatorios y normativos), pues en términos de lo que dispone el artículo 135 de la LGRA, la autoridad investigadora, está obligada a demostrar la veracidad de los hechos que demuestren la existencia de las faltas administrativas y la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas.

La autoridad administrativa investigadora tiene la obligación de relatar sucinta y claramente, en la conformación del pliego de presunta responsabilidad, los hechos que considera reúnen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el Servidor Público o particular corrupto cometió una falta administrativa, sea grave o no; sin embargo, esto no es suficiente para fincar una responsabilidad administrativa al Servidor Público o particular corruptos, pues a los hechos, dicha autoridad administrativa, debe acompañar los datos de prueba que considere pertinentes, observando los siguientes elementos en términos del artículo 130 de la LGRA, así como de los artículos 14, 16 y 20, inciso A, fracción IX:

Que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, es decir, observando el debido proceso y los protocolos de actuación en términos de la LGRA, así como que éstas sean idóneas, no indiciarias, sino materiales; en virtud de que las inferencias y presunciones no son admisibles para fincar una responsabilidad administrativa en términos del nuevo derecho administrativo sancionador. Aunado a lo anterior, la autoridad administrativa investigadora no podrá señalar como prueba que el Servidor Público no le otorgó cualquier documentación, aún y cuando hayan formado parte de sus funciones públicas, o que guardó silencio, pues en términos de lo que dispone el artículo 135 de la LGRA “quienes sean señalados como presuntos responsables no están obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no podrá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan”, y en caso de que el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior de la Federación inserten como prueba para la conformación del pliego de presunta responsabilidad la negativa de declarar o de entrega de cualquier documento por parte del Servidor Público o Particular, estarían violando los principios de presunción de inocencia y de debido proceso, además la obtención de dicha prueba sería ilícita.

En este sentido, al carecer los hechos (elementos fácticos) de un dato de prueba que les soporte, la autoridad resolutora, sea administrativa o jurisdiccional, no podrá valorar las pruebas ilícitas, ni podrá fundamentar resolución alguna en contra del Servidor Público y/o particular corrupto. Aunado a lo anterior, el tercer elemento de la teoría del caso es el jurídico o normativo, es decir, además de los elementos fácticos y los probatorios, la autoridad investigadora deberá adecuar exactamente la conducta y los datos de prueba a la hipótesis del tipo administrativo de que se trate, sea una falta administrativa grave o no grave en términos de lo que dispone la LGRA. Por tanto, los 3 elementos de la teoría del caso son indispensables.

* Doctora en derecho por la UNAM

padilla_liz_2@hotmail.com

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