Cereso de Tepeaca, el más sobrepoblado del país

Tiene capacidad para 46 reclusos, pero hay 329

 

Andrés Herrera Ruiz

 

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cárcel distrital de Tepeaca tiene el mayor nivel de hacinamiento de todas las prisiones del país, lo cual exige que el gobierno de José Antonio Gali Fayad tome medidas para remediar la situación, exigieron en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión legisladoras del grupo parlamentario de Morena.

Las diputadas Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Vengas y Blandina Ramos Ramírez presentaron un punto de acuerdo en el que mencionaron que es un pequeño reclusorio con capacidad máxima para 46 personas, pero hasta abril de 2016 había 329 recluidas ahí. Es una sobrepoblación de más de 600 por ciento, según los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

De las 329 personas recluidas en este penal –detallaron-, 239 están aún bajo proceso, es decir, no han recibido sentencia por lo que jurídicamente no se ha comprobado que sean culpables del delito que se les imputa.

“La sobrepoblación ya ha causado problemas en este penal. En febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó a la ciudad, pues el penal se ubica en pleno centro, al lado de un jardín de niños”.

Señalaron que no fue la primera vez que se registraba ahí un incidente de esa naturaleza. En 2013, un grupo de internos quiso escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros. Las autoridades lo descubrieron y frustraron el intento.

De tal manera, que el porcentaje de personas privadas de la libertad que reporta sentirse insegura, haber sido golpeada, no haber recibido atención médica adecuada, o que sus familiares deban pagar sobornos al personal para ingresar al centro.

Pidieron al Secretario de Gobernación y al Comisionado Nacional de Seguridad a que ejecuten un programa con un monitoreo constante que permita la verificación de las condiciones de seguridad y gobernabilidad de los sistemas penitenciarios del país.

Al gobierno de Puebla, implementar acciones en los centros penitenciarios para regular el aislamiento cuando se trate de delitos graves y presos que requieran medidas especiales.

 

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