Ante intereses de hasta 372% que cobran, revisarán casas de empeño

** Puebla tiene registrados 34 negocios de este tipo

Andrés Herrera Ruiz

Puebla está entre las entidades que serán objeto de una campaña de verificación e inspección en casas de empeño por parte de la Profeco y se apliquen las sanciones correspondientes, ya que en fechas recientes se ha podido constatar que estas empresas no son la mejor opción para la búsqueda de un préstamo debido a los excesivos intereses que cobran, según lo avaló la tercera Comisión Permanente de la Cámara Baja.

La medida se dio a conocer es con el fin de prevenir posibles prácticas de abusos y engaños a la población, ante el incremento en la demanda de crédito en el mes de enero.

En un dictamen con punto de acuerdo avalado en su reunión de trabajo, se acordó solicitar a los gobiernos, en el caso de Puebla a José Antonio Gali Fayad realizar campañas para verificar estas casas de empeño y, en su caso, aplicar las respectivas sanciones ante irregularidades.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen más de ocho mil casas de empeño y la Profeco solo tiene registro de seis mil 861, de las cuales hay más de 5 mil 400 reguladas en el país.

Puebla está dentro de las entidades con mayor número de casas de empeño con 34, en tanto que la ciudad de México 121; Quintana Roo 53; Nuevo León 49; estado de México 30; Jalisco 25; y Veracruz 28.

El documento resalta que las casas de empeño han cobrado gran relevancia entre la población derivada de los problemas económicos de los hogares y más cuando acaban de pasar las fiestas decembrinas; sin embargo, en fechas recientes se ha podido constatar que estas empresas no son la mejor opción para la búsqueda de un préstamo, debido a los excesivos intereses que cobran.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño, las tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento. Se ha observado que los contratos que ofrecen no cumplen con los mínimos requeridos por la ley para poder darles certeza jurídica a las personas que los suscriben y solo beneficia a las otorgantes de préstamos prendarios, vulnerando la estabilidad económica de las familias.

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