ACABAR CON LA IMPUNIDAD

Manuel Sánchez Pontón

 

 

En nuestra colaboración anterior citamos un pensamiento del catedrático de la UPAEP, abogado Lorenzo Juárez, quien también decía que en México suceden tantas cosas graves por una razón: “No hay pueblo”.

Quería decir con esto que, en los casos criminales, de corrupción administrativa, de abusos de poder y muchos más, el pueblo los reprobaba en forma discreta, en su medio social, pero no lo hacía en forma pública, manifestándose en compañía de otros, para exigir castigo a los transgresores de la ley.

En la celebración del Día Internacional de la Mujer tuvimos en México un caso más de esa indiferencia y pasividad de los mexicanos frente a graves problemas sociales.

En muchas naciones del mundo hubo manifestaciones multitudinarias a favor de la mujer, exigiendo trato igual para las mujeres que a los hombres. En Madrid, por ejemplo, marcharon por la Gran Vía alrededor de un millón de mujeres. En Buenos Aires y otras capitales de países latinoamericanos, hubo también grandes movilizaciones, cientos de miles de mujeres demandaron lo mismo en animadas concentraciones populares femeniles.

En México, la concentración femenil no fue numerosa, cuando debía haber sido todo lo contrario en un país donde miles de mujeres son asesinadas cada año, donde a unas cuentas se les dan puestos de elección popular para que se ayuden económicamente.

En cambio, proliferan los discursos de los altos funcionarios públicos, de dirigentes de instituciones privadas a favor de la mujer. Se condena a los que asesinan, secuestran, violentan a las féminas.

Pero todo queda en el discurso que se repite año con año. Por, por ejemplo, en el caso de los feminicidios. Como sucede con todos los delitos que se cometen en México, por incapacidad o negocio de los agentes del ministerio público, de las fuerzas policíacas, de los jueces venales que trafican con la justicia. Y muchos miles de familias se quedan llorando en silencio su tragedia sabiendo que las autoridades competentes no harán nada por esclarecer el crimen, así como detener y castigar a los culpables.

A las autoridades no les preocupa ni siquiera un poco que los asesinos de mujeres se paseen por las calles disfrutando su impunidad.

Se habla de leyes en las que se amplían severos castigos para tales tipos de criminales, pero son mandamientos judiciales que son se aplican y menos con el nuevo sistema penal ambulatorio, redactado por las beneméritas comisiones de derechos humanos de los delincuentes, así como por algunos grupos de hermanas de la caridad.

A nadie se le ocurre algo práctico para detener esa terrible racha de secuestros y homicidios contra la mujer. Por ejemplo, crear una ley que castigue con penas, irrevocables, de entre 30 y 50 años de prisión, a quienes cometan ese terrible y salvaje delito. Se exigirá a los cuerpos policíacos, a los fiscales, que actúen con como lo ordena la Carta Magna original, que la justicia sea rápida, gratuita y expedita.

Sólo con medidas drásticas se podrá contener la inmensa mayoría de los delitos que se comete. Porque con discursos oficiales no se logrará nada. Buenas son razones y no malas palabras. O como decían los romanos de la antigüedad: ¡Facta, nos verba! (Hechos no palabras)

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