El defensor público en el derecho administrativo disciplinario

El Derecho Desde Otras Perspectivas /Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria*

 

En el Sistema Nacional Anticorrupción la defensa del Servidor Público se ha llevado a extremos garantistas, tan es así que los funcionarios corruptos tienen el derecho de ser asistidos por un defensor público; ello radica en el sentido de que los principios procesales garantistas que prevé el derecho penal, también los tiene el derecho administrativo disciplinario de acuerdo a la jurisprudencia marcada con el número 174488 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que al rubro indica:

“Derecho Administrativo Sancionador. Para la construcción de sus propios principios constitucionales es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del Derecho Penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado”.

Bajo ese tenor, uno de los principios básicos de defensa es en el contenido en el Artículo 20 Constitucional, apartado A, fracción VIII que a la letra indica: “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público.

También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.

Por tanto y en virtud de que se trata de un mandato constitucional, el Servidor Público imputado por una falta administrativa grave o no grave tendrá derecho a que se le nombre un defensor público desde el momento en el que se le llama para comparecer ante una autoridad administrativa.

En el caso del derecho administrativo disciplinario, el Servidor Público tendrá derecho a un defensor particular desde a etapa de investigación, en el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad ante el Órgano Interno de Control y durante el transcurso de la instrucción, ya sea ante el OIC o el Tribunal Federal de Justicia administrativa, así lo indica el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra indica:

“En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo.

Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio”.

El derecho humano a una defensa adecuada es sin duda un estandarte del garantismo en cualquier sistema de imputabilidad; sin embargo, en el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estructuras económicas y de capacitación constante en todos los niveles de la administración pública, la pregunta aquí radica si dentro de las partidas presupuestales está aquella que será la base de la capacitación y el nombramiento de los Defensores Públicos desde el procedimiento de investigación en las Unidades de Responsabilidades Administrativas y hasta en los procedimientos administrativos de responsabilidad seguidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues en caso contrario podría ser un agravio formulado por el defensor público imputado por una falta administrativa grave pues le estarían violentando sus derechos humanos, lo que se equipararía en términos fácticos a una gran impunidad.

* Doctora en Derecho por la UNAM

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