GOBIERNOS MATAN A PERIODISTAS

Manuel Sánchez Pontón

Aunque los narcotraficantes no se distinguen por su respeto a la vida humana, lo cierto es que no se distinguen por asesinar a periodistas. Más bien se eliminan entre ellos luchando, los propios carteles, por el control de plazas más productivas, que son  las principales ciudades del país. Por  lo general, así lo dice la historia, son los sátrapas del gobierno los que se encargan de silenciar a los periodistas críticos que ponen al descubierto sus fechorías.

Y es que a los gobernantes de todas las categorías sí les importa que su imagen pública permanezca limpia aunque en realidad esté bastante sucia.

Recordamos aquí los asesinatos de destacados periodistas poblanos: En 1895, el periodista Jesús Olmos, director de un periódico semanario, fue abatido a puñaladas por policías enviados por el gobernador de la época porfiriana, general Mucio Práxedis Martínez, quien se enfureció con algunas críticas que el periodista había hecho a su gobierno.

Muchos años después, en 1939, el periodista director del semanario “Avante”, J. Trinidad Mata, fue secuestrado una noche por la policía, por órdenes del gobernador general Maximino Ávila Camacho. Lo llevaron al edificio de la inspección general de policía, donde fue asesinado de un balzo en la frente. Era inspector general de policía el mayor Raúl Díaz León. Luego, el cuerpo fue arrojado en una zanja, a un lado de la carretera México-Puebla, cerca de Huejotzingo.

Y así ha habido otros que costaron la vida a informadores y también otros en los que éstos tuvieron la  suerte de salir con vida.

Los asesinatos de famosos periodistas, como el de Manuel Buendía Téllezgirón, fueron también obra de diversos gobiernos de la ineptocleptocracia, a los que molestan mucho, porque son de piel delicada, las críticas que se les hacen desde el papel.

En la actualidad, figuran, principalmente, los casos de asesinatos de dos destacados periodistas mexicanos, que cayeron abatidos por las balas de sicarios. Se trata de Miroslava Breach, de Chihuahua, abatida el 23 de marzo de 2016, y de Javier Valdés, de Culiacán, Sinaloa, a quien las balas alcanzaron un año después, en la ciudad de Culiacán.

Existe una similitud entre ambos casos. La negligencia de los gobiernos estatales de Chihuahua y Sinaloa para esclarecerlos, ha sido patente. Tanto Javier Corral como Quirino Coppel, los mandatarios aludidos, se ha limitado a dar el  clásico y consabido carpetazo a las investigaciones. Seguramente han pretendido que el paso del tiempo haga olvidar  lo ocurrido.

Entrando en materia de especulaciones, es fácil darse cuenta de que no fue el crimen organizado el que acabó con la vida de Miroslava y Javier. Si esto hubiera sido así, los gobernadores mencionados habrían culpado a los narcos e iniciarían simuladas, fingiendo estar muy indignados por lo ocurrido.

Es cierto que ya habido, ante la presión del diario La Jornada, donde prestaban sus servicios como corresponsales. Pero a nadie convence la idea de que ellos hayan sido los asesinos materiales, a sueldo de los asesinos no vamos a decir que “intelectuales” porque ordenar un crimen, conseguir a los sicarios pagándoles una fuerte cantidad de dinero, no tiene nada de “intelectual” y es insultar a esa palabra tan respetable.

Lo ciertos es que los supuestos autores materiales, que bien podrían ser los verdaderos autores intelectuales de los dos crímenes de los que venimos hablando pasarán algún tiempo en la cárcel y luego podrán salir libres al encontrarse, de pronto, una “violación al debido proceso”, o bien una falta de suficientes pruebas, como lo exige, poniéndose del lado de los criminales, el nuevo sistema de justicia penal ambulatorio, redactado por la benemérita y humanitaria comisión defensores de los derechos humanos de los delincuentes, con la asesoría, probablemente, de las sociedades de damas de la caridad que no quieren ver a nadie en la cárcel porque es “venganza de la sociedad” y la sociedad no debe ser vengativa.

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