JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MÉXICO

RENOVACIÓN/ SERGIO HERRERA VAZQUEZ

 

 

 

 

Tal como se presenta en el libro “Justicia Administrativa en México”, tenemos que los actos de autoridad deben estar apegados a Derecho, deben contar con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normatividad para ser considerados válidos y eficaces. De no ser así, el particular cuenta con medios de defensa, que la propia normatividad contempla, para que pueda combatir los actos administrativos que le causan detrimento en su esfera jurídica.

En ese contexto encontramos 3 medios de defensa; los recursos administrativos, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo en materia administrativa. Los primeros 2 son abordados en el libro que nos ocupa.

En la obra en comento se expresa que, en múltiples ocasiones se ha evidenciado la ineficacia de los Recursos Administrativos, lo que dio cabida a su optatividad. Con lo que es posible que el particular decida si recurre un acto administrativo (ante la propia autoridad que lo emitió) o si acude directamente ante una autoridad jurisdiccional.

No obstante, la optatividad ocasionalmente se ve restringida por el principio de definitividad, que obliga a los particulares a recurrir en primer lugar, ante la propia autoridad, a efecto de evitar la improcedencia del juicio de nulidad o del juicio contencioso administrativo.

En términos de lo anterior, la optatividad de los recursos administrativos ha traído grandes ventajas para los particulares y, por qué no decirlo, también para los autoridades administrativas a cuyo cargo se encuentra la resolución de los recursos, toda vez que, ante la evidente dilación e ineficacia, los particulares acuden directamente ante las autoridades jurisdiccionales, aligerando el caudal de recursos administrados presentados y reduciendo el tiempo en que los particulares obtiene una resolución.

Lo anterior, también debería entenderse como una gran desventaja, pero no a nivel particular sino como sociedad, pues al elegir acudir directamente ante los tribunales jurisdiccionales, estamos evitando que las autoridades se vean obligadas a cumplir con su responsabilidad de observar a cabalidad con la normatividad, y coartándolos de la oportunidad de analizar y, en su caso, corregir la legalidad de su actuar.

De ser el caso que se decida acudir ante las autoridades jurisdiccionales, nos encontramos ante la promoción de un juicio contencioso administrativo, el segundo medio de defensa previsto para combatir los actos administrativos.

Al respecto, de la lectura se desprende una clasificación que evidencia que lo contencioso administrativo, al igual que el derecho administrativo no ha alcanzado su mayor punto de desarrollo en nuestro país. No todos los estados cuentan con tribunales administrativos, dejando a los particulares únicamente la opción de recurrir los actos administrativos o de presentar juicios de amparo.

Lo que evidencia la falta de interés por parte de las autoridades de proveer a los particulares de los medios necesarios para poder combatir sus actos, es decir, de alguna forma se está obstruyendo la administración de justicia al evitar que los particulares combatan los actos administrativos ante una autoridad que debería existir.

Esto por supuesto, es un grave problema toda vez que, como se mencionó, la promoción de recursos en la mayoría de los casos es ineficaz pues es la misma autoridad la que determina la legalidad y validez de los actos combatidos, obviamente resolviendo casi nunca en favor de los particulares.

Así las cosas, nos encontramos ante una situación de “comodidad” –quizá mal empleado el término- de las autoridades administrativas, ya que emiten un acto y tienen la tranquilidad de que es muy poco probable que sea recurrido.

Aunado a lo anterior, tenemos la gama tan amplia que puede presentarse de normatividad en materia administrativa, es decir a la falta de homologación de los requisitos con que debe emitirse un acto administrativo. Tal es caso del Estado de Puebla que, hasta el mes de diciembre de 2017, contó con un marco normativo adecuado, cuando se publicó la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla.

Antes de esta Ley, no había homologación en los requisitos del acto administrativo, las leyes de cada materia contenían sus propias previsiones al respecto, además de que debía revisarse cada ley para verificar el nombre los recursos a promover, por supuesto, cada uno de ellos con sus propios términos y procedimientos.

Afortunadamente, y después de ser el único estado del país en no tener un tribunal en materia contenciosa administrativa, también desde el año pasado, contamos con este tan importante medio de defensa.

No obstante, hay estado que, a pasar de ya contar desde hace tiempo con tribunales, tenemos que su naturaleza es de mera anulación cuyas resoluciones se limitan a declarar la nulidad o validez de la resolución o del acto controvertido, pues carecen de la autoridad suficiente para ejecutar sus fallos. Y son muy pocos los tribunales de plena jurisdicción, cuya competencia se extiende hasta el punto de contar con la fuerza suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

Se considera de suma importancia que todos y cada uno de los estados cuente con tribunales de justicia administrativa, de plena jurisdicción y dotados de las herramientas necesarias para hacer cumplir sus resoluciones, pero que, además, independientemente de que sean parte del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, estén enfocadas a impartir justicia con plena autonomía.

Con esto las autoridades administrativas se verán obligadas a verificar la legalidad y validez de sus actos, a ser más cautelosos en su actuar, pero, sobre todo, se dota a la sociedad con una herramienta de defensa definitivamente necesaria.

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