La falta administrativa grave de cohecho y el derecho administrativo disciplinario del enemigo en el SNA

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria*/ EL DERECHO DESDE OTRAS PERSPECTIVAS

 

Uno de los ordenamientos jurídicos más criticados en el siglo pasado y éste es el derecho penal del enemigo, concepto acuñado por el Profesor Jakobs en 1985, y cuyos principios atienden, principalmente, a la inobservancia o relativización de ciertos derechos humanos, tales como la reversión de la carga de la prueba, la consumación del delito mediante indicios que hagan presumir que dicha conducta se produciría en un futuro, es decir, se adelanta el estadio de la punibilidad, en su mayoría no existe resultado material, entre otros. Bajo esa perspectiva, los principios de derecho penal del enemigo los encontramos desde la Convencionalidad, la constitucionalidad y hasta las leyes secundarias.

En el sistema nacional anticorrupción, con motivo de la lucha anticorrupción y analizando algunas de las faltas administrativas graves contenidas en la Ley General de Responsabilidades administrativas, nos percatamos que los principios del derecho penal del enemigo se encuentran latentes; y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado que los principios constitucionales en materia penal se apliquen prudentemente al derecho administrativo disciplinario ( Jurisprudencia marcada con el número de registro 1012233), y en la Constitución encontramos restricciones a los derechos humanos, cuyo argumento jurídico principal se encuentra en el artículo primero constitucional, primer párrafo; en este sentido, la reversión de la carga de la prueba contenida en el artículo 20, B, II, párrafo Segundo no trasgrede la presunción de inocencia del artículo 20, B, I.

Asimismo, el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, indica que basta el conocimiento, la intención o la finalidad como elementos constitutivos de los delitos anticorrupción, y los cuales se pueden inferir de las circunstancias objetivas del caso; es decir, no es necesario un resultado material para que se pueda tener como consumado un delito; y atendiendo a la homologación del derecho penal con el derecho administrativo disciplinario, dicho principio se puede aplicar en los tipos administrativos, referentes a las faltas administrativas graves, contenidos en la Ley General de Responsabilidades administrativas; un ejemplo de ello es la falta administrativa grave de cohecho contenida en el artículo 52 de dicho ordenamiento jurídico y que a la letra indica:

“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Del análisis de dicho tipo administrativo encontramos que basta con que el Servidor Público exija o pretenda obtener un beneficio, sin que lo haya obtenido materialmente, para que se le pueda imputar dicha falta administrativa sin necesidad de un resultado material y con datos de prueba que únicamente presuman dicha conducta y cuyas sanción puede llegar hasta los 20 años de inhabilitación para el Servidor Público, sin olvidar la suspensión del ejercicio de su cargo que se le puede aplicar como medida cautelar durante su procedimiento. Cabe señalar que lo anterior no violenta la presunción de inocencia del Servidor Público, ni el debido proceso.

* Doctora en Derecho por la UNAM.

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