LA DISCUSIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE PODERES

Miguel Ángel García Muñoz

 

Cuando uno observa los gestos, las palabras, el encono con el que se tratan los Diputados del PAN, coordinados por Marcelo García Almaguer y el de MORENA José Juan Espinosa Torres, da la impresión que tiene que ver más con resabios, revanchismos y “secretos” personales que saben uno del otro y que están a punto de hacerlos públicos, conteniéndose porque han estado como testigos sus homólogos en la sesión de Comisiones.

La confrontación va más allá de cuestiones constitucionales o la normatividad legislativa. Traslucen tintes personales.

Pareciera que MORENA no es mayoría y está sujeto a berrinches panistas.

En los momentos que el morenovallismo controló a placer el Congreso, le valió madre lo que dijeran sus detractores. Compró voluntades, amenazó, sobornó e hizo del legislativo un títere más. Nunca existió la división de Poderes. Esto no quiere decir que MORENA tenga que actuar de la misma manera, pero sí en la necesidad y obligación de aplicar lo que dicta la legalidad interna y constitucional.

El último agarrón que demerita la calidad de discusión en la Cámara es por la petición de desaparición de Poderes que ha demandado el morenismo al Senado de la República, replicando el PAN, pero no son ellos los que emiten la última palabra, sino que la decisión es  del Senado en el que también es mayoría MORENA.

Es una facultad del Senado mexicano que le permite declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales en un Estado de la República y disponer la intervención federal para subsanar los trastornos graves que hayan provocado esa situación.

La historia cita que la desaparición de Poderes entre 1917 y 1978 no tuvieron fundamento legal y estuvieron al margen de la Constitución.También afirma que, pese a que dicha facultad se ideó únicamente para solucionar la corrupción de Gobernadores, para dirimir cuestiones electorales o en el peor caso, como correctivo en las relaciones no cordiales entre gobernantes locales y federales, se modificó la Constitución en su Artículo 76, que reglamenta lo que antes era una atribución estricta de la federación para destituir Gobernadores, apoyados, incluso por las fuerzas militares.

En Puebla, no se olvidan los casos de Antonio Nava Castillo, Rafael Moreno Valle y Gonzalo Bautista O’Farrill, quienes fueron rebasados por su incapacidad, despotismo, excesos y soberbia, recibiendo la orden de renunciar desde la capital del país.

Si bien la desaparición de Poderes dejó de aplicarse como una medida de control sobre gobernantes que se excedían en sus atribuciones, a partir de las modificaciones a la Carta Magna en el Gobierno de José López Portillo, es aplicable y lo contempla la ley en los casos de que los titulares de los Poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; que estén imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

Asimismo, que promuevan o adopten forma de gobierno o base de organización política distinta de la fijada en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República y en esto entra la corrupción e impunidad de mandatarios que se ha extendido como una plaga que todo lo pudre.

La desaparición de Poderes dejo de ser un instrumento de control autoritario que permitía al Presidente en turno destituir al Gobernador que no se sujetaba a la ley o se confrontaba con la federación. Sin embargo, en los momentos que vive la nación, habría que aplicarla donde las entidades han padecido gobiernos ignominiosos.

Otra vez la historia ilustra dos casos representativos de graves excesos, correspondiendo alos Estados de Guerrero en 1960-1961 e Hidalgo en 1975. Ambos tienen en común haberse originado en el afán de poder o por la ambición de los Gobernadores y sus allegados.

En Guerrero, fueron la corrupción y el despotismo del mandatario Raúl Caballero Aburto los que detonaron un movimiento popular masivo en su contra. Se agravó tanto que, el gobierno de Adolfo López Mateos decidió darle fin a su administración para recuperar un mínimo de gobernabilidad.

En Hidalgo, Manuel Sánchez Vite trató de imponer a su sucesor en contra de la voluntad presidencial, con el fin de instaurar un maximato estatal, al mismo tiempo que jugaba a favor de las aspiraciones presidenciales del Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río y en contra del titular de Gobernación, Mario Moya Palencia.

Estos casos son similares a los citados Gobernadores de Puebla que dejaron sus cargos obligados por la decisión presidencial, cortando de tajo sus torpezas, abusos, crímenes y la necedad de no saber escuchar, ver ni oír.

El morenovallismo es sinónimo de dictadura.  Pisoteó los derechos elementales ciudadanos y enterró la justicia en el cerro, exactamente atrás de Casa Puebla

 

directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx

Podría también gustarte...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

/HeraldodePuebla
@HeraldoEl