Diputados piden al auditor los dictámenes de cuentas de Moreno Valle

** Confían que se puedan reabrir ya que presentan irregularidades

 

 

 

 

** Pese a que desde 2016 la Auditoría Superior de la Federación consideró como deuda pública los Proyectos de Prestación de Servicios, el ex mandatario incumplió con este requisito y no informó a la Auditoría Superior del Estado, uno de los argumentos

 

 

Andrés Herrera Ruiz

 

En el Congreso del estado se abrió la posibilidad de que se abran las cuentas públicas del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, luego de que los diputados de Morena, PT y PES, señalaron irregularidades en lo aprobado por sus homólogos de la pasada legislatura respecto a lo reportado por esa administración.

Durante la sesión de este lunes del Pleno, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado presenta punto de acuerdo, por el que se instruye al titular de la misma, David Villanueva Lomelí, para que a la brevedad entregue a esta Comisión los expedientes que contienen los

dictámenes de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo correspondientes a los ejercicios de fechas del uno de enero al treinta y uno de octubre de 2016 del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre del mismo año, así como al ejercicio comprendido del uno al treinta y uno de enero de 2017 para su análisis y revisión.

Al respecto, el legislador del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, respondiendo a la oposición del PAN y PRI en la reunión de la Comisión Inspectora a este punto, indicó, que uno de los elementos para exigir los documentos es que pese a que desde 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró como deuda pública los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el ex mandatario incumplió con este requisito y no informó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre las condiciones financieras que implicaron el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco (MIB).

David Villanueva Lomelí, auditor mayor de la ASE –agregó el también presidente de la mesa directiva del Pleno-, se ha venido oponiendo a entregar los expedientes que se les ha solicitado de las cuentas públicas morenovallistas correspondientes del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016 y del ejercicio comprendido del 1 al 31 de enero del 2017.

“Lo que argumenta es que no presentará la documentación debido a que los ejercicios fiscales del ex mandatario ya fueron juzgados y cuentan con un principio de definitividad, sosteniendo, que cuando reciban la solicitud, fundada y motivada, darán la respuesta correspondiente fundada y motivada, ya que manifiesta, que el principio de legalidad reitera que solamente deben hacer lo que la ley señala, que no pueden salir de la ley”, relata Espinosa Torres.

Destacó que el Artículo 115 Constitucional obliga a la Auditoría Superior a presentar los informes que se le sea solicitada a través de dicho órgano legislativo y  las cuentas a reabrir son los expedientes parciales, además de asegurar que, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera del 2016, obliga a los entes públicos a reportar cualquier tipo de obligación financiera y deuda, incluyendo los PPS , lo cual no fue reportado por la LIX Legislatura compuesta por los panistas y sus aliados del PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla.

La petición de reabrir las cuentas de Moreno Valle Rosas –subrayó, se basa en diversas irregularidades detectadas en su administración. Por ejemplo,  en 2015, fueron hasta por cuatro mil 570 millones de pesos, independientemente de otras por más de un mil 75 millones de pesos,  derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por las que se pagaron y no se acreditó su existencia.

De los sobrecostos y observaciones están las obras más destacadas en su gobierno, como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, sumándose recursos ejercidos de los programas para el agua potable, alcantarillado, saneamiento para zonas urbanas, tratamiento de aguas residuales y el Fondo Metropolitano y cuyas observaciones superan los dos mil 666 millones de pesos. En 2016, su gobierno no solventó el ejercicio de 19 mil 200 millones de pesos.

 

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