Demandan diputados del PES nueva estrategia de seguridad en Puebla

** Se han incrementado asesinatos, secuestros, robos a mano armada y extorsiones

 

 

Andrés Herrera Ruiz

 

Desde la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del Partido de Encuentro Social exigió a los gobiernos estatales y municipales de Puebla y Veracruz a implantar un nuevo plan o estrategia en materia de seguridad pública, ya que en el caso de la entidad poblana, las autoridades no han sido lo suficientemente capaces para combatir y disminuir los hechos delictivos, especialmente, el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

La diputada Claudia Báez Ruiz denunció que en la zona nororiental del estado de Puebla se encuentra la población de Insurgentes Socialistas, perteneciente al municipio de Acateno, y colindante con los municipios de Hueytamalco, también en Puebla, y Papantla, Veracruz.

A lo largo de su historia –dijo-, el cultivo cítrico ha sido la fuente de ingresos de esta población, produciendo tan solo en el año 2017 y de acuerdo a información proporcionada por la SIAP, 676 millones 79 mil pesos, consiguiendo colocar en esta zona el punto de compra de las empacadoras y uno de los principales puntos de producción de calidad de exportación de varios cítricos.

“Al analizar estos antecedentes y observar el incremento que ha tenido la incidencia de delitos de alto impacto, entendemos que, a mayor bienestar económico en la población productora, se incrementa la inseguridad, toda vez que los secuestros, asesinatos, robos con violencia y extorsiones son hechos que a diario ocurren en la localidad de Insurgentes Socialistas y los municipios colindantes”, agregó.

La legisladora indicó que en el mes de septiembre del presente año, más de 200 hechos con apariencia de delito fueron cometidos en contra de la población generalizada de los municipios colindantes a la localidad de Insurgentes Socialistas, siendo víctimas de asesinatos, secuestros, robos a mano armada y extorsiones. La población desesperada por estos hechos decidió dejar de trabajar e incluso cerrar las escuelas, toda vez que los hechos delictivos no daban tregua y la población generalizada temía por su propia seguridad. El crimen organizado no diferenció a las víctimas, ya que agricultores, jornaleros, productores, ganaderos, acopiadores de cítricos, comerciantes, estudiantes, personal docente, personas de la tercera edad y profesionistas fueron las víctimas de múltiples delitos de alto impacto.

En este sentido, en lo que corresponde a esta zona de Puebla y colindantes con Veracruz, no solo se ha incumplido con los estándares necesarios de seguridad, sino que al mismo tiempo se han ignorado los reclamos y demandas realizadas por la población, todo lo anterior refiere a un problema generalizado en donde los gobiernos estatales y municipales han demostrado su ineficiencia en la repartición de recursos destinados a la seguridad y su inoperancia en los mismos.

Destacó que Puebla ocupa el lugar número 28, entre 32, el peor calificado en el índice de estado de derecho según estudios del World Justice Project , siendo la inseguridad, la justicia ineficaz y el desmedido poder del gobierno los principales factores de esta crítica situación.

De acuerdo con la organización, Puebla ocupa los últimos lugares entre 32 en cuanto a justicia penal; corrupción; límites del poder gubernamental; justicia civil y en orden y seguridad, puntualizó.

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