Exige PT en el Senado auditar fideicomiso morenovallista que endeudó al estado

** Por las obras Puebla tendrá que pagar 22 mil 476 mdp

 

 

 

 

** Según el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, los ingresos del estado están comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios, el Museo Barroco, y la instalación de la planta armadora Audi

 

 

 

Andrés Herrera Ruiz

 

 

La senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pidió durante la sesión de la Cámara Alta, fiscalizar y transparentar los recursos utilizados en el Fideicomiso F/ 0144, por la administración de Rafael Moreno Valle por medio del cual utilizó para la construcción de obras dejando una deuda al estado por 22 mil 476 millones de pesos.

“Las obligaciones fueron contraídas a largo plazo y se financiaron bajo ese fideicomiso; situación de la que se tiene conocimiento por las diversas investigaciones académicas y periodísticas, que por desgracia no se han transparentado o auditado”, destacó en su documento.

Ante ello, consideró urgente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría Superior del estado Puebla, así como del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Puebla.

Dijo que de acuerdo al Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, los ingresos del estado también están comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), con el cual se contrajeron pasivos por 4 mil 500 millones de pesos; para la edificación del Museo Internacional del Barroco, que significo 7 mil 176 millones de pesos, y para financiar el apoyo a la instalación de la planta armadora de Audi, con pasivos por 10 mil 800 millones de pesos.

En su punto de acuerdo, indicó, que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Denunció que el F/0144, erróneamente, tiene el carácter de privado, pues su patrimonio está constituido por recursos públicos; el Pleno de la Corte ha señalado, principalmente en la acción de constitucionalidad 163/2007, que no se debe excluir a los fideicomisos de financiamiento (que están constituidos por fondos públicos) de la normativa aplicable a la administración pública.

“Por lo tanto, y al utilizar fondos públicos para la consecución de su fin, así como para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el mismo, el F/0144 debe ser transparentado. De lo contrario se estaría promoviendo la consolidación de un sistema autocrático que manipula y controla la información del gobierno, es decir, la opacidad de las administraciones pasadas en el Estado de Puebla”, advirtió.

Asimismo, Nancy de la Sierra apuntó que se debería propiciar la participación ciudadana y el derecho al acceso a la información gubernamental, así como que exista la certeza de la correcta utilización de los recursos públicos por medio de la auditoría correspondiente.

 

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