Crece número de asesinatos contra defensores de derechos humanos, advierte el MIOCUP

** Exigen objetividad en el caso del homicidio de Manuel Gaspar

 

 

** Manuel impulsó la lucha por el cierre de un relleno sanitario convertido en basurero que se encontraba ubicado en la comunidad de Cohuatichan de Cuetzalan, que la autoridad municipal se había negado a cerrar

 

 

Alejandra Corona Flores

 

 

Tras asegurar que en el Estado de Puebla la situación de violencia e inseguridad en contra de los defensores de derechos humanos va en aumento,  organizaciones sociales pidieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que actúe con objetividad y profesionalismo en Manuel Gaspar Rodríguez, quien fue asesinado el pasado 14 de mayo, en Cuetzalan del Progreso.

En conferencia de prensa, Alfredo Guerrero Santos del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP); Violeta Valdez del Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”; y  Amanda Rivero de Defensa Estratégica en Derechos Humanos; dieron a conocer que en 2013, su compañero Gaspar se integró a la organización  adherida a la CNPA MN, para informar a las comunidades indígenas  sobre sus derechos y de manera organizada promover acciones para la defensa del territorio y de lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental de Puebla.

Guerrero precisó que semanas antes del homicidio, Manuel impulsó la lucha por el cierre de un relleno sanitario convertido en basurero que se encontraba ubicado en la comunidad de Cohuatichan de Cuetzalan, que desde 2015 la autoridad municipal se había negado a cerrar.

Por su parte, la Abogada Amanda, explicó que este miércoles la FGE informó que capturó a un presunto culpable por el asesinato de Gaspar; sin embargo, dijo, “la declaración de la Fiscalía fue en el sentido de que el móvil del asesinato de Manuel fue un asunto personal que no tiene relación con su labor de defensor de derechos humanos, lo cual es precipitado y poco objetivo, ya que el presunto responsable, en primer término, no ha sido vinculado a proceso y tampoco se ha cerrado el periodo de investigación complementaria, lo cual significa que el Fiscal no  ha formulado acusación y no se ha llegado a la etapa de juicio oral en donde se desahogaran las pruebas que pueden corroborar la hipótesis de la Fiscalía y la responsabilidad del imputado”.

Por lo anterior y otras situaciones, exigieron a la FGE no dar por “resuelto” el homicidio, y actuar con objetividad y profesionalismo para allegarse a la verdad y justicia para Manuel.

En ese contexto, Violeta refirió que del 2013 a la fecha tienen un registro de cuatro asesinatos de defensores de derechos humanos en el Estado de Puebla; a esto le agregó casos de intimidación, persecución, hostigamiento, entre otros.

“Desde que se da el asesinato de Antonio Esteban, en 2014 a la fecha, podríamos decir que no ha mejorado la situación para las personas que ejercen la defensa de los derechos de las comunidades rurales indígenas”, señaló.

Finalmente, planteó que en lugar de acción o protección hacia los defensores humanos se ha formulado un desconocimiento a su labor, “se han hecho de menos las agresiones que estos pudieran sufrir y hemos visto que la situación de violencia e inseguridad para los defensores va en aumento en el estado de Puebla”.

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