Dialéctica del Huachicol

** ¿Quién está comprando combustible robado que hace que su demanda requiera de un incremento de oferta y, por tanto, vuelve atractivo el negocio de los huachicoleros?

 

** La gasolina o diésel no son productos suntuarios, más bien de primera necesidad para un alto porcentaje de la población; sin embargo, el incremento en su precio hace que de repente se haya vuelto un producto inaccesible para quien tiene auto, pero también un ingreso bajo, esto hace que consumirlo a un precio menor sea más que atractivo

 

 

FARAH ROSELLA SAID*

 

 

Se habla mucho de los efectos: Violencia, delincuencia, descomposición del tejido social, pero no de los sujetos ni de las causas o razones subyacentes que justifican la existencia de este fenómeno, su dinámica y las relaciones que generan.

¿Quién está comprando combustible robado que hace que su demanda requiera de un incremento de oferta y, por tanto, vuelve atractivo el negocio de los huachicoleros?

Aquí como el asunto del huevo y la gallina: ¿Qué está siendo primero? la oferta de combustible robado o la necesidad de la sociedad de consumir combustible a un precio más bajo.

Ciertamente existe la necesidad generalizada de consumir combustible para poner en movimiento máquinas y vehículos que satisfacen otras necesidades. La gasolina o diésel no son productos suntuarios, más bien de primera necesidad para un alto porcentaje de la población; sin embargo, el incremento en su precio hace que de repente se haya vuelto un producto inaccesible para quien tiene auto, pero también un ingreso bajo, esto hace que consumirlo a un precio menor sea más que atractivo, una oportunidad de garantizar la supervivencia de muchas familias.

Pero en el proceso de comercialización de los hidrocarburos, surgen otros actores con otras necesidades más allá de quienes requieren gasolina para sus vehículos.

Para los consumidores finales, satisface la necesidad de maximización de sus recursos, ya que con un presupuesto limitado, el consumo a precios por debajo de los de mercado resulta ser una cuestión de extrema necesidad más que de simples ganas de ahorrar;  por otro lado, para los empresarios, capitalistas y hasta nuevos emprendedores gasolineros, representa la oportunidad de incrementar la utilidad por litro vendido, cuestión que se hace necesaria ante el cambio de patrones de consumo a partir de los gasolinazos.

El negocio del combustible robado debe significar para los huachicoleros una utilidad tal, que el excedente que obtienen después de gastos en halconcitos, seguridad y corrupción, incluyendo una previsión para gastos por concepto de defensa legal ante la posibilidad de que los capturen, es aún mayor que el precio de compurgar una pena por cualquiera de los delitos en materia de hidrocarburos que pudieran cometer, independientemente de su penalidad, dada la cantidad que se les encuentre poseyendo, ya sea como vendedores, compradores o simples poseedores del hidrocarburo.

Por lo tanto, el combate al huachicolerismo, no deberá estar en función del incremento de penas por cantidad de combustible hallado en posesión simplemente, ya que siempre habrá posibilidad de mantener la posesión o trafico dentro del marco de la pena mínima o negociar vía corrupción la imputación, vinculación a proceso y por tanto la acusación por hechos que encuadren con la descripción típica de la pena más baja. Más bien, la estrategia tendrá que vincular el control de precios del combustible vía subsidio o cualquiera que pudiera ocurrírsele al Gobierno (cosa que nunca va a ocurrir) con una penalidad media alta que ni siquiera a través del procedimiento abreviado dé lugar a beneficios preliberacionales que hagan que su pena no sea de prisión, de tal forma que el precio de compurgar una pena (desde la mínima) sea más alto que la propia utilidad que genera la compra-venta de combustible robado.

Esto parece un juego, y en realidad lo es. El alto precio del combustible estimula la búsqueda de alternativas  para su suministro, generando altos premios o beneficios para quien lo hace, aunque estas sean ilícitas y como el premio es mayor que la pena, esta pierde su objetivo.

Por otro lado, el Estado también juega un papel importante, justifica su existencia y la necesidad de instituciones que regulen, ejecuten y apliquen las leyes de una manera firme. La delincuencia e inseguridad que los delitos en materia de hidrocarburos generan, justifica también Gobiernos represores disfrazados de mano firme, como está ocurriendo en Puebla.

Si bien el cálculo del costo beneficio para cada jugador en este tablero, en términos teóricos y estadísticos, justifica la necesidad de estrategias legislativas y ejecutivas, por supuesto nunca van a prosperar, porque es el delito es la industria que más genera ganancias, tanto al Estado como a los particulares.

Por citar un ejemplo: Si a usted lo detuvieran en flagrancia comprando gasolina para llenar su tanque de 45 litros, después de un debido proceso, le aplica una pena que va de 2 a 4 años de prisión  (aunque nunca pisaría la cárcel si recurre a algún beneficio preliberacional) y una multa de entre 2,000 y 4,000 días, lo que representa entre 160 mil y 320 mil pesos, más los gastos de representación y asesoría legal. Al huachicolero al que le compraba, le aplica de acuerdo a la cantidad que estaba poseyendo. Supongamos que llevaba un bidón de 2 mil litros, pero como ya le había despachado 45, el bidón no tiene ya los dos mil por lo que él, después de su debido proceso, correría el riesgo de que su pena sea entre 8 y 12 años de prisión y 8 y 12 mil días de multa, aproximadamente entre 640 y 960 mil pesos; pero si por algún motivo no se pudiera cuantificar la cantidad que su vendedor huachicolero estaba poseyendo en ese momento, la penalidad está entre 10 y 15 años y entre 10 y 15 mil días de salario, lo cual representa un máximo de un millón doscientos mil pesos, igual que si lo encontraran directamente sacando el combustible de la toma clandestina.

A través de un procedimiento abreviado, la máxima penalidad estaría oscilando aproximadamente en 7 años más la multa, la reparación del daño y los costos de representación legal. Bajo el planteamiento hecho aquí, las utilidades de un solo huachicolero superan el precio que implicaría aceptar la participación, renunciar a ser juzgado y ser privado de su libertad (máximo 7 años). De tal forma que, incrementar la penalidad para cualquier cantidad que se comercialice, no resulta un estímulo suficiente para que los huachis elijan dejar de dedicarse a su trabajo. Para que esto diera resultado, sería necesario que el precio por litro deje de generar el excedente con el que se paga el riesgo.

Recuerde, para la próxima vez que compre gasolina robada: Son 2 a 4 años de prisión y entre 160 y 320 mil pesos de multa.

*Jurista y Economista

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