LA IMPUNIDAD SOSPECHOSA

Manuel Sánchez Pontón

 

Decía el criminólogo mexicano Alfonso Quirozs Cuarón que “crimen que no se castiga se repite”. Esto es válido, más que nunca, en lo que sucede en este país en la actualidad. Sólo por poner un ejemplo, se puede decir que en los últimos cinco años han sido asesinados alrededor de 20 periodistas en diferentes estados de la República y, si acaso, sólo están en la cárcel dos o tres de los autores de esos crímenes. Los demás permanecen impunes y sus autores disfrutan de la libertad y del producto económico de su fechoría.

Esto sucede porque la “ineptocleptocracia” en el poder no se preocupa mucho por este tipo de nimiedades. ¡A quién le importa, fuera de su familia, que un periodista sea acribillado a balazos?

Pero hay algo interesante en todo esto y lo resumimos en esta frase de nueva cosecha. “Crimen político que no se esclarece y mucho menos se castiga, hay que atribuírselo, al menos tentativamente, al propio gobierno. Así ha pasado siempre en nuestro país.

Que el gobierno de Javier Corral, en Chihuahua, nada hace para encontrar al asesino material de la periodista Miroslava Breacht, ocurrido el 23 de marzo de este año, es porque algo “misterioso” está pasando ahí. ¡Acaso los investigadores policíacos son tan inútiles que no dan “pie con bola”? ¡O es que su jefe supremo, (el mandatario estatal) los tiene paralizados para que “no se metan en broncas”. Tanto silencio, tanto interés en darle carpetazo al crimen, tanta fingida ineptitud del gobernante chihuahuense (¿o será mejor llamarle “chihuahueño”) resulta inexplicable.

Algo similar sucede en el estado de Sinaloa, donde fue ejecutado de doce balazos, de la manera más vil, pues lo bajaron de su auto y lo obligaron a arrodillarse en la vía pública antes de dispararle, reflejan un odio africano de quien ordenó a sus pistoleros matar al periodista Jaime Valdez Cárdenas, hecho que se consumó el miércoles 15 del presente mes de mayo, a plena luz del mediodía. También en este caso, el gobernador ha escondido la cabeza, muy significativamente.

¿Pero por qué limitar los casos de crímenes políticos sin aclarar, solamente con los periodistas, si ahí está también el de la activista Miriam Rodríguez, ejecutada el día 10 de este mes (el Día de las Madres) en el tristemente célebre municipio de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, donde hace cuatro años fueron masacrados alrededor de 80 migrantes centroamericanos que estaban ahí de paso, en su búsqueda del “sueño americano”.

Lo del 10 de mayo es significativo en este nefasto homicidio porque la víctima se había convertido en activista sobre “desaparecidos” cuando su hija, Alejandra Salinas Rodríguez, había sido secuestrada y luego asesinada, en el año 2012. Ella quiso luchar porque esta clase de crímenes bestiales se evitaran o, en caso de repetirse, el gobierno localizara y detuviera a los culpables para que recibieran el merecido castigo. Y todo lo que logró fue que la asesinaran también a ella, en un nuevo crimen que seguramente quedará impune.

Si nada se aclara, los gobiernos deberán, si no responden por tales crímenes, si al menos cargar, por ser responsables o  por su ineptitud, por esos delitos. Porque resulta muy cómodo echarle la culpa de algunas ejecuciones especiales, a los narcos, con el propósito de eludir responsabilidades. Pero si existe duda sobre quiénes son los autores de asesinatos de tipo político, aunque las víctimas no sean políticas, las autoridades quedarán en entredicho porque dichos homicidios no se esclarecieron y mucho menos se castigaron como es lo debido. Si no fueron ellas las autoras de una ejecución, al menos tienen parte de culpa de la misma por su bien reconocida incompetencia.

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