“Halconcitos”, poderosamente INIMPUTABLES

** ¿A qué edad puede un niño/niña entender todas las consecuencias de sus acciones en relación con el derecho penal?

 

FARAH ROSELLA SAID*

 

Pareciera que el coeficiente intelectual legal de los huachicoleros está por encima del resto de la sociedad.

La incorporación de un ejército de “halconcitos” a la delincuencia organizada ha sido la mejor inversión de las bandas de huachicoleros a su organización. Así les llaman porque los halcones son aves que permanecen siempre en estado de alerta, pendientes de algún depredador. Su principal atributo es tener menos de 12 años, lo que los hace poderosísimamente INIMPUTABLES; es decir, de acuerdo a la ley y los tratados internacionales, carecen de la capacidad para comprender que su conducta puede ser dañina para las demás personas o su grupo social, su ilicitud y, por tanto, reaccionar adecuándola dada esa comprensión, lo cual los exime de ser penalmente responsables, pues no pueden ser llevados a ningún tribunal penal, dada esta situación, su función principal es permanecer vigilantes en los alrededores de una toma clandestina mientras se lleva a cabo la ordeña del ducto.

Dado que no son penalmente responsables y por tanto culpables de un delito, bajo el argumento legal de no tener la capacidad de discernimiento sobre su conducta, los “halconcitos” no pueden ser detenidos, retenidos ni juzgados por robo o posesión de hidrocarburo, generando una enorme posibilidad de impunidad.

El nivel de conocimiento de la ley y los procedimientos administrativos y jurisdiccionales de la delincuencia organizada en Puebla, supera lo esperado. No cabe duda que además de organizados, están muy bien asesorados.

La simple condición de inimputabilidad por ser menor de 12 años, resulta más irracional que la propia irracionalidad que justifica la inimputabilidad, cuando existe ya un mercado de trabajo para los niños que perfectamente comprenden que su participación en el robo y posesión de hidrocarburo es una actividad que reditúa mayores ganancias que cualquier otro trabajo y más aún ir a la escuela.

¿Usted cree en la inimputabilidad de los “halconcitos”?

¿Cree que actúan sin voluntad y conciencia; que no tienen la capacidad de entender y querer cometer una conducta secreta, prohibida y sancionada por las leyes?

¿Considera necesario incrementar el rango en la edad para efecto de que los inimputables pudieran ser considerados penalmente responsables y por lo tanto sancionados por su participación en actividades ilícitas, como las que tienen que ver con el huachicol?

En el marco del Derecho Internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo primero define al niño/niña como “todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.  Sin embargo, la posibilidad de definir edades mínimas para el ejercicio de sus derechos se ve determinada por la propia autonomía progresiva para la toma de decisiones; es decir, pese a que los niños deben ser protegidos, el amplio rango de edad que implica la niñez supone madurez en los diversos estadíos, lo cual también varía en tiempo, lugar y las propias experiencias de vida, dificultando la determinación de edades mínimas.

Pero entonces ¿Cuándo ha alcanzado un niño/niña la edad en la que él o ella han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias en el sistema educativo para actuar como un ciudadano responsable y poder contribuir económicamente a la sociedad?

¿A qué edad puede un niño/niña entender todas las consecuencias de sus acciones en relación con el derecho penal?

El Comité de la CDN ha establecido la edad en un mínimo de 12 años; no obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que definirla por debajo de los 12 años es inaceptablemente bajo.

De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la edad mínima para la responsabilidad penal en los países de América Latina y el Caribe va desde 7 a 18 años. Las más bajas se encuentran en el Caribe, Trinidad y Tobago, 7 años; Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas 8 años y Guyana y Surinam 10 años.

Los sistemas de justicia penal juvenil o de adolescentes garantizan el tratamiento especial a los niños que se encuentran entre el rango de edad penal mínima y los 18 años, que es cuando ya son tratados como adultos para efectos de justicia penal; sin embargo, una preocupación del Sistema de Protección Americano de Derechos de los Niños, tiene que ver con la alternativa de otorgar algunas facultades discrecionales a los jueces a la hora de evaluar la madurez del niño/niña o el tipo de delito en el que participaron para decidir sobre el sistema aplicable – exponiendo a los niños y a las niñas marginados a las prácticas discriminatorias, por lo que se recomienda excluir este tipo de alternativas.

Definitivamente, cualquier política de prevención de la delincuencia infantil y juvenil resulta infructuosa, dado que las motivaciones familiares e individuales que llevan a un menor de 12 años a enrolarse en actividades ilícitas, no solo son económicas, sino que se han vuelto factor de sustentabilidad del propio negocio, por lo que independientemente del grado de conciencia que tengan los menores, el fomento de su participación en el ilícito está determinado por los padres y/o quienes ejercen su tutela.

Desde mi particular punto de vista, los “halconcitos”, pese a su corta edad, cuentan con la perfecta conciencia de los hechos con apariencia de delito en los que participan, no así de las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica, por eso me inclino por disminuir la edad penal mínima con el objeto de impactar la incidencia delictiva infantil.

 

*Abogada y economista

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